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IPYS preocupado por la libertad de internet en Venezuela

A propósito del Día Mundial de Internet, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela presentó este jueves el Informe anual Derechos Digitales 2017, en el que dan cuenta de las restricciones y el riesgo a la libertad en Internet que se presenta en el país, tras la aprobación -aseguran- de una estructura jurídica regresiva, persecución policial y militar, ataques a portales de organizaciones civiles y medios de comunicación, daños y fallas contra la infraestructura de telecomunicaciones, deficiencias de conectividad, detenciones arbitrarias por expresión, blackouts en la red y un discurso agravante del Estado. Desde Ipys exigen una internet segura, accesible y neutral.

La libertad de expresión en Internet encontró obstáculos ante la aprobación de varias normativas restrictivas, la persecución policial que se manifestó a través de detenciones arbitrarias por la opinión de ciudadanos en las redes sociales, los ataques a diversos portales de medios digitales y organizaciones de la sociedad civil, bloqueos selectivos a portales web, amenazas a periodistas, ataques contra la infraestructura de telecomunicaciones, así como la creación de estructuras oficiales(tal vez el mejor ejemplo sea el “Ejército de troles” creado por el Ministerio para Interior, Justicia y Paz) que avalan la vigilancia y el seguimiento bajo esquemas policiales y militares en la red.

Otro hecho que preocupó en materia de derechos digitales fue la providencia administrativa Nº 171 de Conatel. Esta normativa, que entró en vigencia a finales de octubre de 2017, atenta contra el derecho a la privacidad y fue sancionada sin haber cumplido los procedimientos regulares de controles legislativos de acuerdo a un análisis que hizo Marianne Díaz, abogada, especialista en asuntos de Internet y miembro del equipo de investigación de Derechos Digitales.

La normativa estableció la nueva información que será solicitada en el momento de la contratación de una línea telefónica. Esta providencia vino a reemplazar la Nº 572 sancionada el 21 de marzo de 2005, donde se establecía que los ciudadanos debían consignar el documento de identidad, firma, huella dactilar, y proporcionar nombre completo y domicilio del contratante.

En el nuevo documento se establece que se deberá presentar adicionalmente el Registro Único de Información Fiscal (RIF), el correo electrónico y una foto tamaño carnet, que deberá ser tomada en el sitio de la contratación del servicio.

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